Pasar al contenido principal

Peligrosa reforma constitucional

Hace poco más de un mes (8 de marzo de 2011) los Senadores de nuestro país aprobaron una ley con nombre “bonito” y contenido “ambiguo”, lo que equivale a decir: “peligroso”. ¿Quién no está dispuesto a enarbolar una ley que defiende expresamente los derechos humanos? El problema está en definir cuáles derechos son los derechos humanos. Si no se especifica cuáles son, el margen interpretativo de la ley es fácilmente manipulable. Podría decirse que sí está especificado: aquellos que son reconocidos por los tratados internacionales. No soy perito en derecho –debo confesarlo- pero dudo bastante que los “derechos humanos” reconocidos en los tratados internacionales formen un cuerpo uniforme. Pienso que muchos dependen -desgraciadamente a decir verdad-, del momento y del lugar en el que se elaboraron, y en la práctica todos se supeditan a la forma en que son interpretados por el legislador.

Confieso que tengo la sospecha –no soy el único-, de que la ambigüedad legal ha sido buscada expresamente; es más, acudiendo a una expresión coloquial ya un tanto en desuso, pienso que nos dieron: “sopa de nuestro propio chocolate”. ¿A qué me refiero? Hace un año –bajita la mano, sin hacer mucho ruido- bastantes legislaturas de nuestro país blindaron la vida, reconociendo a nivel de constitución estatal que la vida se protegía desde el momento de la concepción. Cuando –desgraciadamente, no hay nada peor que el “fuego amigo”- a ello se le dio publicidad, legisladores e intelectuales de izquierda “pegaron el grito en el cielo”. Aquello se interponía subrepticiamente en su propósito programático de dar carta libre al aborto en México. En el momento en que pasó a ser asunto polémico y por tanto tuvo un costo político mayor, los legisladores frenaron ese movimiento que ya incluía a bastantes estados del país. Ahora  -pienso, aunque confieso que soy neófito- ha sucedido al revés: por debajo del agua, sin hacer mucho ruido, nos han “colado” una ley potencialmente peligrosa y ello ¡a nivel constitucional!
A decir verdad no es la primera vez que lo hacen, es más, creo que inventaron el sistema. Comenzando por Estados Unidos, bastantes países han aprobado el aborto con base en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (sentencia Roe vs Wade del 22-I-1973). En el caso de EU es clamoroso lo que salió a la luz posteriormente: se trataba de una campaña perfectamente orquestada en la cual utilizaron a una pobre muchacha que demasiado tarde descubrió su error y se arrepintió.
Vuelvo al tema, ¿qué problema hay en que en lugar de llamarse un capítulo de la Constitución “De las garantías individuales” se titule “De los derechos humanos”? Aparte del tema de la soberanía, porque adquieren carácter de ley suprema del país tratados internacionales. Si reflexionamos en que habitualmente modificar la Constitución es un proceso más serio que aprobar una simple ley, no deja de ser enigmático que tengan categoría constitucional automática leyes que ni siquiera han sido elaboradas y aprobadas por legisladores mexicanos. El problema está en la tendencia que van teniendo internacionalmente los llamados “nuevos derechos humanos”.

Me refiero a los derechos “a la salud reproductiva”, no claramente definidos, que dejan la puerta abierta al aborto. Recientemente se ha querido –de hecho- reconocer al aborto como un derecho humano fundamental. En el amplio margen de la igualdad y la no discriminación –cosas todas ellas loables- se incluyen el derecho al “matrimonio gay” con adopción y todo. No solo eso, se limita el derecho a la libertad de expresión – así sucede en Europa, por ejemplo- ya que cualquiera que disienta de la probidad de estas leyes, puede hacerlo, pero debe guardarlo en su conciencia, ¡no puede decirlo públicamente!
Todo lo anterior lleva a pensar en una estudiada indeterminación legal que abra la puerta por arriba (la Constitución) a proyectos legislativos que adquieran el carácter de ley suprema sin siquiera consultar a los mexicanos, ni siquiera a los legisladores. Por todo lo anterior, se puede concluir que se trata de una reforma peligrosa.