¿Es lícita la castración en caso de violación?

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Estimado:

            El debate se ha abierto en la
actualidad a raíz de un estudio realizado en Francia por un grupo de expertos.
Según 'La Nación'[1], un grupo de
16 expertos conducidos por el psiquiatra Claude Balier, ha examinado el problema
de los agresores sexuales recidivos. En sus condiciones ordinarias, la calle es
para ellos una fuente de tentaciones. ¿Qué se debe hacer con ellos? ¿Mantenerlos
en prisión indefinidamente, o someterlos a tratamiento de modo tal que puedan
ser puestos en libertad sin que constituyan un peligro para la sociedad? No son
los únicos casos que exigen una respuesta ética[2]

            El problema urge en muchos
países, pues se habla en los últimos años de un 'dispararse' de la agresión
sexual, especialmente infantil. Según el mismo artículo de la Nación los
agresores sexuales pasaron de representar en 1973 sólo el 5% de la población
carcelaria, al 12,5% en 1994.

            El informe elaborado por el
grupo no está de acuerdo con la creación de institutos especializados donde
puedan recluirse este tipo de personajes, como existe, por ejemplo el Instituto
Pinel, de Montreal. Propone, en cambio, instaurar la obligación, una vez
terminado de expiar la pena, para estas personas de presentarse periódicamente
ante determinadas autoridades, incluso si no vuelve a reincidir en su delito. El
motivo es continuar indefinidamente el tratamiento, es decir, de someterlos a un
tratamiento de antiandrógenos, lo que es llamado 'castración química'. Esto
bloquea la libido aunque no de modo irreversible.

            Francia ya ha dado, si no de
derecho al menos en los hechos, autoridad a sus tribunales para ejercer este
tipo de imposición. De hecho, en junio de 1996 el tribunal correccional de
Toulouse condenó a un culpable de pedofilia a 4 años de prisión, y una vez
puesto en libertad, a la obligación de 'asistencia', lo cual, sin otra
precisión, equivale al tratamiento médico mencionado.

            ¿Qué criterios morales hay
para el caso?

            Entre los moralistas y
teólogos el tema ha sido discutido desde hace siglos. Hay que distinguir dos
planos: el de summo iure (o sea, el derecho absoluto) y el plano
prudencial de la conveniencia de recurrir o prescindir de algunos derechos. A su
vez yo distinguiría también tres posibles finalidades en la castración:
punitiva, preventiva y terapeética.

1. Castración
estrictamente punitiva
.

            1) Aspecto
teórico

            La mayoría de los teólogos y
moralistas de casi todos los tiempos han reconocido la legitimidad teórica de
usar la castración (así como otro tipo de mutilación) como castigo de
determinados delitos. Establecían para legitimarla una analogía con el derecho a
imponer la pena de muerte al culpable. Entre otros, por ejemplo, Santo Tomás[3]; también el
Magisterio la reconoce como recurso lícito para el culpable[4].

            La condición es que se trate
de un sujeto ciertamente culpable y que la pena determinada cumpla las
condiciones para ser justa, es decir, que además de no haber otra pena más
adecuada, reúna las condiciones de ser vindicativa (que tienda a la
compensación), medicinal (que sirva de correctivo para el mismo criminal)
y ejemplar (que sirva para que los demás se aparten de tales
crímenes).

            No veo, en cambio, mucho
sentido en encuadrar la mutilación 'química' como algo punitivo, pero si se
encontrara alguna razón, podría entrar en los mismos argumentos.

            2) Razones de
conveniencia prudencial

            Hoy en día, entre los
moralistas, aún aceptando la legitimidad de summo iure, casi ninguno
justifica su aplicación. En general, repugna al sentido humanitario, como
afirma, por ejemplo Peinador[5]. Estos
autores sostienen que en cuanto vindicativa hay otras penas más adecuadas (como
la cárcel, multas económicas, etc.); como medicinal o terapéutica en los casos
de los delincuentes patológicos (maníacos sexuales) la pone en duda H. Bless,
teniendo en cuenta muchos casos en los que ha sido ocasión para mayores
desenfrenos. Lo mismo se diga respecto de su ejemplaridad. Habría que agregar el
agravante de nuestra sociedad puramente utilitarista que, sin dudas, recurriría
a esto como menos 'costoso' que otro tipo de castigo (como la
prisión).

            Tal vez menos dificultoso
sería admitir la práctica punitiva de la 'castración química'. Pero, ¿tiene
sentido punitivo? El disminuir el incentivo de la libido ¿es un castigo? Sólo en
el caso del agresor sexual que no sea un psicópata sino una persona normal, como
ocurre, por ejemplo en las violaciones realizadas en tiempo de guerra y otros
casos más. Pero, en tales casos (de delincuentes normales) ¿no hay otros
castigos más adecuados?

2. Como preventivo
social

            La sociedad no tiene sólo el
derecho de castigar al culpable sino -con más razón- de defenderse
legítimamente. Es evidente que la 'prevención' sólo podrá realizarla respecto de
quien puede temerse razonablemente un potencial ataque -en este caso sexual- es
decir, del psicópata sexual agresivo. Con aquellos que no pueden controlar sus
instintos sexuales y agresivos, y en quienes esto ha sido constatado, ¿puede
emplear (es decir, imponer) algún medio de defensa preventiva? Evidentemente que
sí, pero ¿cuál?

            La mutilación orgánica no
creo que pueda considerarse ni siquiera como último remedio extremo, porque
tales personas son enfermos; no se trata aquí de punición; y si hay
responsabilidad, como ocurre en muchos casos, ésta tiene sus atenuantes en los
disturbios psíquicos. Entonces, ¿puede seguirse hablando de castigo
proporcionado a la culpabilidad? Además, la mutilación orgánica normalmente sólo
quita al sujeto la capacidad de procrear, pero no la de agredir ni realizar sus
actos sexuales. Muchas veces esto sólo se presta a ulteriores y mayores
desenfrenos. Por eso Bless se muestra contrario a admitir el derecho del Estado
en esta materia, aún conociendo la opinión favorables de muchos otros autores[6].

            En cambio, parece más
fácilmente justificable -al menos en algunas circunstancias- el uso de
psicofármacos; aunque con sus condiciones. Escribe, por ejemplo Sgreccia: 'El
enfermo agresivo, que puede ocasionar molestias a los familiares y vecinos puede
ser tratado con psicofármacos, en nombre del principio de legítima defensa, pero
habrá que considerar: 1. los riesgos para su propia vida; 2. la existencia de
otros remedios eventuales más inocuos; 3. la temporalidad limitada, es decir,
que tenga el carácter de 'farmaco-tapón'. En esta categoría entran también los
sujetos sexualmente agresivos hasta el límite de lo patológico. No es mi tarea
precisar cuales sean los efectos colaterales a breve o larga distancia y sobre
el hecho que de muchos piscofármacos tal vez no se conocen bien sus efectos, por
lo cual el uso debe ser regulado con más rigor y con el criterio de lo
estrictamente necesario'[7].

3. Como terapia
personal

            Finalmente puede considerarse
la castración como medio de terapia para ciertos enfermos mentales, es decir, no
sólo como defensa de terceros inocentes (que pueden ser potencialmente
agredidos) sino como terapia para el mismo enfermo. La psiquiatría reconoce el
problema de ciertas enfermedades mentales que presentan como síntomas la
perversión de los instintos sexuales, la imposibilidad de dominio racional sobre
los mismos; normalmente es causado por disfunsiones hormonales. En algunos de
estos casos la castración orgánica era justificada apelando al principio de
doble efecto. Bless nos ofrece los criterios principales en su 'Pastoral
psiquiatrica':

            -Es lícita como 'ultimum
refugium'

            -Se encuadraría en el
principio de doble efecto (porque se estaría actuando sobre algo enfermo cual es
la libido exacerbada por problemas hormonales; hay proporción entre los
beneficios para el paciente y los daños que sufre, etc.).

            -No debe aplicarse más que a
los psicópatas sexuales que sufren seriamente con su necesidad morbosa y no
pueden resistir con su sola voluntad.

            -Debe obrarse con
consentimiento del enfermo (porque aquí no estamos ante algo punitivo ni para
defensa de terceros).

            Lo dicho vale con mayor razón
para el recurso a medios químicos, SIEMPRE Y CUANDO se conozcan sus posibles
efectos colaterales y éstos -en caso de darse- no desequilibren los efectos
buenos que se buscan con el tratamiento.