Alto tribunal francés ratifica matrimonio tradicional

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Un fallo pronunciado la semana pasada en la tierra de la égalité determinó que la prohibición francesa del matrimonio entre personas del mismo sexo está en consonancia con la Constitución del país, y resolvió de manera efectiva que no existe inequidad si se sostiene la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

El reclamo por la «igualdad» es el sello distintivo de la mayoría de las campañas nacionales e internacionales por los derechos de los homosexuales, particularmente el que concierne al matrimonio entre personas del mismo sexo. Las discusiones en la ONU sobre la orientación sexual abundan en referencias a la igualdad y a la no discriminación.

El Consejo Constitucional es la mayor autoridad de Francia en asuntos constitucionales, y si bien normalmente asesora al gobierno sobre la constitucionalidad de las elecciones y de las leyes, también posee autoridad para pronunciarse en esta materia acerca de casos particulares presentados ante él por ciudadanos franceses. El pasado otoño boreal, el Consejo recibió el caso de una pareja de lesbianas que cuestionaba la constitucionalidad del Código Civil francés (el cual reconoce que el matrimonio es entre un hombre y una mujer), y que aducía que la exclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo violaba el derecho de los ciudadanos a llevar una «vida familiar normal», así como también el principio de igualdad ante la ley.

El Consejo determinó el pasado viernes que debido a la disparidad de situaciones entre las parejas hetero y homosexuales, la diferencia de tratamiento de las leyes de familia se justifica y no viola el principio de igualdad. Respecto a la vida familiar, la Corte determinó que el pacte civil de solidarité, forma de unión civil que otorga una plétora de beneficios legales, fiscales y oficiales, es suficiente para llevar una «vida familiar normal».

El Consejo se abstuvo de comentarios sobre el matrimonio del mismo sexo en sí mismo manifestando que es una cuestión de política, y no, de derecho, determinar tal asunto. La principal oposición, el Partido Socialista Francés, ya ha prometido que solicitará que se someta a votación el matrimonio entre personas del mismo sexo el próximo verano nórdico en el Parlamento. 

Independientemente de la votación parlamentaria, hay una clara posibilidad de que agrupaciones de activistas presenten el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la esperanza de que dicha corte rebata la decisión de Francia. El pasado martes, un grupo de militantes con sede en el Reino Unido lanzó una campaña para intentar que este tribunal revoque la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo vigente en el Reino Unido. Quizás no esté lejos de Francia una campaña similar, ya que el caso está «maduro para ser revisado por el tribunal de Estrasburgo», según Roger Kiska, consejero jurídico del Alliance Defense Fund. Sin embargo, prevé que no hay posibilidades de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda impugnar con éxito la decisión del Consejo. 

Según Kiska, ya se ha presentado un caso de matrimonio del mismo sexo ante la corte europea, el cual resultó en un dictamen que establece que está «dentro de los márgenes de apreciación de cada Estado decidir sobre sus propias leyes de familia». La decisión del Consejo Constitucional francés, según la cual la diferencia en el tratamiento de las leyes que componen el derecho familiar está justificada, entra dentro de los «márgenes de apreciación» descritos en el dictamen del tribunal europeo, y, por ello, este último no debería poder desafiar el fallo francés. Teniendo esto en mente, y con la esperanza de que el Parlamento de Francia respalde el matrimonio tradicional cuando inevitablemente sea sometido a votación, Kiska parece optimista acerca del futuro de la legislación sobre el matrimonio en esta poderosa nación europea.